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Asociaciones lícitas de cannabis medicinal: no confundir organización social con autorización para traficar

hace 6 minutos
4 min de lectura

NUEVA COLUMNA DE OPINIÓN


Por Ángel Camilo Ríos Escudero


En medio del debate público generado por investigaciones penales relacionadas con organizaciones que han utilizado el concepto de “cannabis medicinal”, existe un riesgo que debemos evitar: confundir la eventual conducta ilícita de determinadas personas u organizaciones con la legitimidad de las asociaciones de pacientes constituidas para fines lícitos.


En Chile, el derecho de las personas a organizarse no constituye una concesión excepcional. La Ley N.º 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece expresamente que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. Asimismo, reconoce la diversidad de intereses sociales que pueden motivar estas organizaciones y obliga al Estado a promover las iniciativas asociativas de la sociedad civil, respetando su autonomía.


Por lo tanto, una asociación o corporación de pacientes de cannabis medicinal puede ser perfectamente lícita. Puede reunir pacientes, desarrollar educación, entregar información sobre reducción de riesgos, promover investigación, representar los intereses de sus asociados ante las autoridades, participar en políticas públicas, generar redes de apoyo y defender el acceso responsable a tratamientos.


La Ley 20.500 entrega el marco jurídico para que ciudadanos que comparten una determinada realidad puedan organizarse. Una asociación de pacientes con cáncer, fibromialgia, epilepsia, dolor crónico o cannabis medicinal no pierde legitimidad simplemente por la naturaleza del tratamiento que sus integrantes utilizan.


Sin embargo, aquí aparece una distinción jurídica fundamental que muchas veces se pierde en la discusión pública: la Ley 20.500 permite asociarse; no constituye, por sí sola, una autorización para cultivar, suministrar, vender o distribuir cannabis.


Una organización puede ser lícita en su constitución y, al mismo tiempo, determinadas actividades desarrolladas por alguno de sus integrantes quedar sometidas a otras normas. La personalidad jurídica de una asociación no crea una excepción general a la Ley N.º 20.000.


Precisamente por ello resulta indispensable separar dos preguntas: ¿es lícito que pacientes de cannabis medicinal se asocien? Sí. ¿Esa asociación los autoriza automáticamente a producir y entregar cannabis a terceros? No.


La reforma de 2023 fortaleció el reconocimiento del uso medicinal.


El ordenamiento jurídico chileno dio un paso importante con la Ley N.º 21.575, publicada el 23 de mayo de 2023.


Esta norma incorporó al artículo 8 de la Ley 20.000 una regla específica: se entiende justificado el cultivo de cannabis destinado a la atención de un tratamiento médico cuando existe una receta extendida para ese efecto por el médico cirujano tratante. La receta debe señalar diagnóstico, tratamiento, duración y forma de administración, que no puede efectuarse mediante combustión.


Esta modificación es relevante porque el legislador reconoció expresamente una realidad sanitaria: existen pacientes para quienes el cannabis forma parte de un tratamiento médico.


Pero tampoco esa modificación establece un sistema irrestricto de producción colectiva.


El mismo artículo 8 advierte severamente sobre la falsificación de recetas y establece consecuencias agravadas cuando la conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero.


Por otra parte, los artículos 8 y 9 mantienen un régimen de autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para los cultivos que requieren autorización bajo dicha normativa.


Estamos, por tanto, frente a distintos planos regulatorios que no deberían mezclarse:


derecho de asociación ≠ autorización de cultivo ≠ autorización sanitaria ≠ autorización de comercialización.


Las asociaciones de pacientes cumplen una función legítima


Sería un error que investigaciones penales específicas provocaran la estigmatización de todas las asociaciones de cannabis medicinal.


Las organizaciones de pacientes pueden desempeñar funciones socialmente valiosas: ayudar a las personas a comprender sus tratamientos, promover el seguimiento médico, combatir la automedicación irresponsable, fomentar vías de administración menos riesgosas, colaborar con investigación clínica y Real World Evidence, participar en educación sanitaria y representar ante el Estado las dificultades que enfrentan los pacientes.


Eso es precisamente sociedad civil organizada.


La Ley 20.500 incluso establece como principio que el Estado debe promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil, garantizando la autonomía de las asociaciones.


Por eso considero equivocado instalar la idea de que una “asociación de cannabis” es, por definición, sospechosa.


Lo jurídicamente relevante no es su nombre.


Lo relevante es qué hace realmente la organización.


Una corporación que reúne pacientes, promueve educación, investigación, acompañamiento y defensa de derechos se encuentra en una situación radicalmente diferente de una estructura que eventualmente utilice una personalidad jurídica sin fines de lucro para encubrir actividades comerciales o conductas sancionadas por la Ley 20.000.


Y esa diferencia debe demostrarse mediante hechos, no mediante prejuicios.


También las asociaciones deben elevar sus estándares


La defensa de las organizaciones lícitas exige, al mismo tiempo, mayor responsabilidad de las propias asociaciones.


Una organización seria debería poder demostrar quiénes son sus socios, cuáles son sus estatutos, cómo se adoptan sus decisiones, cómo administra sus recursos, qué profesionales participan, cómo se gestionan las indicaciones médicas, qué procedimientos de trazabilidad mantiene y cuál es exactamente la base jurídica de cada una de sus actividades.


La transparencia no debilita al movimiento de pacientes; lo fortalece.


También debería existir una separación clara entre la asociación de pacientes, el acto médico, una eventual actividad de cultivo autorizada o justificada conforme a la legislación aplicable y cualquier actividad comercial.


No todo puede quedar amparado bajo una única expresión genérica como “cannabis medicinal”.


Regular mejor, no criminalizar a todos


Chile necesita una discusión regulatoria madura.


No parece razonable sostener, por una parte, que existe legalmente el cannabis para tratamiento médico y que los ciudadanos tienen derecho a organizarse, pero, por otra, mantener zonas de incertidumbre que obligan permanentemente a pacientes, médicos y organizaciones a interpretar hasta dónde llega cada autorización.


Las investigaciones penales deben perseguir delitos cuando existan antecedentes para ello. Pero una investigación contra una organización determinada no transforma en ilícitas a las demás organizaciones de pacientes.


La respuesta correcta no es criminalizar la asociación. Es diferenciar claramente entre organización social legítima, tratamiento médico, autocultivo medicinal, cultivo autorizado, dispensación sanitaria y comercialización.


La Ley 20.500 protege el derecho de las personas a asociarse para fines lícitos. La Ley 20.000 determina los límites específicos respecto del cannabis. Y la Ley 21.575 reconoció de forma aún más explícita la realidad del cultivo destinado a determinados tratamientos médicos.


El desafío es hacer compatibles esas normas mediante organizaciones transparentes, medicina responsable y fiscalización técnicamente fundada.

 

 

Ángel Camilo Ríos Escudero

Perito judicial







Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Forenses

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