Responsabilidad frente a condiciones laborales inseguras en el sector público
Una mirada desde el derecho civil y normas especiales
NUEVA COLUMNA DE OPINIÓN
Por Katherine Viviana Quezada Osses.
Introducción
La seguridad laboral, tanto para sectores públicos y privados en Chile, es un derecho fundamental que busca garantizar condiciones de trabajos seguras y dignas para sus trabajadores. En el sector público especialmente, genera un impacto directo a la ciudadanía, por lo que su significación es aún mayor. Sin embargo, las condiciones laborales inseguras, generan riesgos y daños que afectan la salud y bienestar de los empleados públicos.
Este ensayo busca analizar cómo se configura la responsabilidad civil en el sector público ante condiciones laborales inseguras, considerando los principios y normativas vigentes, y reflexionar sobre los desafíos y posibles mejoras en la protección de los derechos de los trabajadores en este contexto.
A partir del caso judicial sobre la exposición de funcionarios del Hospital Barros Luco a radiación ionizante, abordado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el análisis se desarrollará desde la óptica del derecho civil extracontractual, de las normas que regulan los seguros de los trabajadores, destacando el deber de seguridad y el principio de prevención en ambientes laborales riesgosos.
Marco normativo: Responsabilidad extracontractual en Chile y normas especiales
El régimen de responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno se encuentra regulado principalmente en los artículos 2314 a 2329 del Código Civil. El artículo 2314 establece que "el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización del perjuicio". A su vez, el artículo 2329 impone la obligación de reparar todo daño causado por negligencia o imprudencia. (Principio de la reparación integral del daño causado). La norma, permite responsabilizar a empleadores, incluyendo al Estado, por la omisión de su deber de cuidado, lo que se configura como un cuasidelito cuando se infringen medidas preventivas y se produce un daño previsible (Garcia, s/a).
Por otra parte, el Código del Trabajo, en su artículo 184, señala la obligación de seguridad que tiene el empleador, ante “situaciones de riegos”, de sus trabajadores, la cual se entiende incorporada en el contrato de trabajo:” El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales…..” y ,que por ley N°16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, les impone, estableciendo un seguro obligatorio que resguarda a dichos trabajadores (Superintendencia de Seguridad Social, 2025).
Caso Hospital Barros Luco, análisis jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de San Miguel, en el fallo rol 161-2008, acogió un recurso de protección interpuesto por trabajadores del Hospital Barros Luco expuestos a yodo radiactivo (I-131), señalando que la dirección del establecimiento no adoptó las recomendaciones técnicas del Instituto de Normalización Previsional (INP). Esta omisión implicó una amenaza constante al derecho a la integridad física y justificó la intervención judicial.
Aunque el recurso de protección no es una acción indemnizatoria, la misma conducta estatal podría dar lugar a una acción de responsabilidad civil extracontractual. En este sentido, la falta de diligencia del empleador público al no implementar medidas básicas de protección puede configurar un cuasidelito civil, generando derecho a indemnización de perjuicios materiales y morales.
Jurisprudencia de la Corte Suprema: evolución del criterio
“La Corte Suprema, ha señalado los tipos de responsabilidad en la que incurre el empleador como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad e higiene en el trabajo, así como su deber de actuar con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores (Gamboa, 2023).”
La Corte Suprema ha avanzado en la protección de derechos laborales desde el derecho común, reconociendo la posibilidad de demandar al empleador civilmente por condiciones de trabajo que afecten la salud o la seguridad. En fallos como “Ríos con Municipalidad de Chillán” (C.S. Rol 7862-2011), el máximo tribunal sostuvo que la omisión del deber de resguardo de las condiciones mínimas de trabajo puede configurar responsabilidad extracontractual del empleador estatal.
En contraste, existe aún jurisprudencia que exige la ocurrencia de un daño físico específico para acoger indemnizaciones, lo que genera una tensión doctrinal con visiones más preventivas del derecho de daños.
Doctrina y principios aplicables
Según Peñailillo (2006), el cuasidelito requiere: i) una conducta culpable, ii) un daño cierto, y iii) una relación de causalidad entre ambos. En el caso Hospital Barros Luco, la conducta culpable sería la omisión de medidas de seguridad recomendadas, y el daño puede no haberse manifestado aún, pero se entiende como riesgo cierto y actual, lo que algunos autores llaman "daño contingente” (CÓDIGO CIVIL, 2014)
La doctrina también discute la posibilidad de aplicar el “principio pro persona” y el “principio de precaución” para anticipar responsabilidades en contextos de riesgo laboral. El deber de cuidado del empleador corresponde a una obligación de seguridad, que, a diferencia de las obligaciones de garantía, no tiene por objeto asegurar que el acreedor quedará indemne de todo daño, sino que establece un deber de cuidado que debe ser apreciado conforme a las circunstancias, y consiste en adoptar las medidas razonables de prevención sin que pueda exigírsele una efectiva y absoluta evitación de accidentes laborales. Afirma también, Domínguez Hidalgo (2017), "la existencia de un deber general de cuidado permite construir responsabilidad incluso sin daño efectivo, cuando la exposición es ilegal y persistente".
Responsabilidad del Estado como empleador
La responsabilidad recae en el Estado, que actúa como empleador. “De conformidad con el artículo 184 del Código del Trabajo, es obligación del empleador adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores” (Superintendencia de Seguridad Social, 2025).
Sin embargo, existen particularidades: la responsabilidad patrimonial del Estado requiere demostrar que hubo una conducta ilícita, negligente o dolosa, además de un daño directo al funcionario.
Además, existe jurisprudencia que ha establecido que el Estado puede ser responsable por fallas en las condiciones laborales si estas derivan en daños a los empleados públicos. Existiendo a su vez, excepciones y limitaciones a esta responsabilidad, cuando se demuestra que las acciones u omisiones fueron producto de circunstancias ajenas a su control o si se acreditan medidas razonables para prevenir los riesgos.
De la cobertura aseguradora, la ley establece que el empleador puede ser responsable civilmente por daños derivados de accidentes laborales si se demuestra negligencia o incumplimiento de las obligaciones preventivas (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 1968). La Constitución Política de Chile garantiza derechos fundamentales relacionados con la seguridad y protección social, incluyendo el derecho a condiciones dignas y seguras en el trabajo (artículo 19, numeral 16). La vulneración de estos derechos puede fundamentar acciones civiles contra el empleador.
Conclusión
Cuando un trabajador sufre daños debido a condiciones inseguras provocadas por negligencia o incumplimiento del empleador, puede configurarse una responsabilidad civil por parte del Estado. La responsabilidad puede ser contractual o extracontractual; en este caso, generalmente se trata de responsabilidad extracontractual derivada del incumplimiento del deber general de cuidado.
El análisis de este caso permite sostener que, desde el derecho civil chileno, el Estado puede ser considerado responsable extracontractualmente por la omisión de medidas de seguridad que expongan a sus trabajadores a riesgos graves, como la radiación. Si bien la jurisprudencia ha avanzado en la tutela de derechos laborales desde una perspectiva constitucional, es necesario consolidar un enfoque preventivo también en la jurisprudencia civil, reconociendo el riesgo como daño jurídico resarcible. En ese camino, la doctrina ofrece fundamentos sólidos para ampliar el ámbito de aplicación del artículo 2329 del Código Civil a contextos laborales públicos.
Bibliografía
CÓDIGO CIVIL. (2014). Última edición 14 de junio de 2024, Art. 2333. Obtenido de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986
Domínguez, M. (2017). Responsabilidad del Estado por omisión en materia de seguridad laboral: elementos y desafíos. Revista de Derecho Público, 78(2), 95–120.
Gamboa, E. (2023). Teorías sobre la Responsabilidad Civil del empleador por accidentes de trabajo. Obtenido de https://www.linkedin.com/pulse/teor%C3%ADas-sobre-la-responsabilidad-civil-del-empleador-por/
Garcia, G. (s/a). Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas. Gaceta Juridica.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (1968). Ley N° 16.774. Establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Última versión 10 de marzo de 2022. Obtenido de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28650
Peñailillo, D. (2006). Derecho de daños: Responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile.
Superintendencia de Seguridad Social. (2025). Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Obtenido de https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-207462.html
Suprema Corte de Justicia de Chile. (2008). Concha Navarro con Hospital Barros Luco-Trudeau, Rol 161-2008 [Sentencia]. Corte de Apelaciones de San Miguel.
Suprema Corte de Justicia de Chile. (2011). Ríos con Municipalidad de Chillán, Rol 7862-2011 [Sentencia]. Corte Suprema de Justicia.
Katherine Viviana Quezada Osses
Contadora auditor
Egresada en derecho
Universidad Del Alba Chillán
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