Monumento al General Baquedano: valoración pública y simbólica como insumo para el peritaje
NUEVA COLUMNA DE OPINIÓN
Por Carolina Ibarra C.
Cuando se discute el destino del Monumento al General Baquedano, el debate suele oscilar entre restauración, traslado o reemplazo. Se habla de costos, de seguridad, de daños materiales. Sin embargo, hay una dimensión que rara vez se incorpora de manera explícita en los informes técnicos: la valoración pública y simbólica como insumo determinante para el peritaje y la tasación de la escultura.
El problema es metodológico. En Chile tendemos a evaluar los monumentos públicos con herramientas heredadas del mercado del arte o de la ingeniería estructural: autoría, materialidad, estado de conservación, costos de intervención. Todo eso es indispensable. Pero resulta insuficiente cuando el objeto en cuestión ha operado como epicentro de una disputa histórica y simbólica de alcance nacional.
El Monumento al General Baquedano no es solo una pieza escultórica de bronce emplazada en un espacio urbano relevante. Es un dispositivo de memoria. Durante décadas organizó celebraciones oficiales, conmemoraciones militares y actos cívicos. En los últimos años, organizó también protestas, intervenciones y resignificaciones masivas. Esa doble inscripción —institucional y contestataria— no es un dato anecdótico: es un componente estructural de su valor.
Un peritaje serio debe preguntarse no solo cuánto pesa el bronce o cuánto cuesta su restauración, sino qué lugar ocupa el monumento en la imaginación pública. Porque la valoración simbólica incide directamente en su singularidad, en su condición de bien no sustituible y en su potencial de conflicto o cohesión social.
Aquí aparece un punto crítico: la tasación basada en valores de mercado del arte es, en el caso de los monumentos públicos, estructuralmente insuficiente. El mercado supone circulación, transferencia de propiedad, subasta, coleccionismo. Supone que la obra puede cambiar de manos. Un monumento público, en cambio, no está concebido para venderse, ni para reaparecer en una feria, ni —esperamos— para terminar en una subasta internacional o en el patio de un vecino acaudalado. Su valor no se activa en la transacción, sino en la permanencia y en la función pública.
Aplicar parámetros de mercado a bienes que, por definición, no volverán al mercado, produce una tasación parcializada. No porque el valor económico no importe, sino porque no es la variable dominante. El capital simbólico, la densidad histórica y la inscripción urbana pesan tanto o más que cualquier referencia comparativa con esculturas similares vendidas en casas de remate.
Pero hay otra pregunta que suele omitirse: ¿por qué es importante tasar obras en el espacio público?
Primero, porque la tasación es una herramienta de protección. A nivel internacional, las esculturas públicas están aseguradas. En Estados Unidos, muchas ciudades mantienen pólizas específicas para arte público tras episodios de vandalismo y atentados, como ocurrió después del 11 de septiembre, cuando se revisaron los sistemas de aseguramiento de bienes culturales urbanos. En el Reino Unido, tras el retiro y posterior caída de la estatua de Edward Colston en Bristol en 2020, se activaron procesos de valoración y custodia para determinar responsabilidades, daños y costos de conservación. Sin tasación previa, no hay base para seguros ni para litigios.
Segundo, porque la tasación permite dimensionar el daño patrimonial. En Francia, luego de actos de vandalismo contra monumentos históricos durante movilizaciones sociales, los informes técnicos incluyeron estimaciones económicas que no solo calculaban el costo de restauración, sino el valor cultural afectado. La Unión Europea ha desarrollado marcos de “heritage value assessment” que integran valor económico, social y simbólico precisamente para fundamentar decisiones públicas.
Tercero, porque la tasación es un instrumento de gestión presupuestaria. Las ciudades que cuentan con programas robustos de arte público —como Nueva York, Berlín o Barcelona— mantienen inventarios valorizados de sus colecciones urbanas. Esto permite justificar partidas de mantenimiento, restauración y seguridad ante autoridades fiscales. Sin cifras, el patrimonio compite en desventaja frente a otras urgencias presupuestarias.
Cuarto, porque la tasación delimita responsabilidad estatal. Un monumento emplazado en el espacio público no es un adorno: es un bien bajo custodia. Si se daña, si se traslada o si se desmantela, el Estado debe poder demostrar que actuó con conocimiento del valor involucrado. La ausencia de valoración técnica debilita la rendición de cuentas.
Incorporar la valoración pública como variable técnica implica, entonces, considerar dimensiones complementarias a las tradicionales:
– Centralidad histórica y urbana, que incrementa la densidad simbólica.
– Trayectoria de resignificación social, que forma parte de su biografía material.
– Reconocimiento y circulación mediática, como capital simbólico acumulado.
– Condición de irrepetibilidad contextual, que impide su sustitución real.
Nada de esto implica adoptar una posición política respecto del monumento. Implica reconocer que el valor patrimonial no es exclusivamente material ni transaccional. En bienes públicos, el valor se define por su función simbólica, su inscripción en la memoria colectiva y su impacto en la configuración del espacio común.
La discusión en torno al Monumento al General Baquedano ha demostrado que los monumentos no son objetos neutros. Son superficies donde se negocian memorias, identidades y relatos nacionales. Ignorar esa dimensión en un informe pericial equivale a evaluar solo la carcasa de un edificio sin considerar el uso que lo define.
Si el Estado decide reinstalarlo, trasladarlo o musealizarlo, debería hacerlo sobre la base de un peritaje que asuma la complejidad de su valor. Reducir la tasación a la cuantificación del daño físico o a comparaciones de mercado es técnicamente pobre. La pregunta no es solo cuánto cuesta restaurarlo, sino qué implica —en términos patrimoniales, simbólicos y políticos— intervenirlo.
En contextos de alta densidad simbólica, la valoración pública no es un comentario cultural: es un dato técnico. Y en el caso del Monumento al General Baquedano, cualquier peritaje que aspire a ser riguroso debe reconocer que el valor de la escultura se construye tanto en el bronce como en la memoria colectiva que la sostiene.
Carolina Ibarra C.
Perito de Arte
Directora de Exhibitacl
Artista, restauradora, conservadora y tasadora de bienes culturales
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